Reconocimiento de Derechos y Defensa Jurídica

Los tiempos cambian y esta vez -afortunadamente- en favor de las y los trabajadores públicos. Esto, debido a que desde el año 2014 en adelante han surgido, desde el Poder Judicial, un conjunto de sentencias que reconocen derechos fundamentales a funcionarios y funcionarias públicas. Esta “nueva jurisprudencia” se ha generado tanto en Juzgados Laborales como en Cortes de Apelaciones en todo el país, y se han alcanzado en el marco de juicios bajo la fórmula de tutela laboral y recursos de protección, muchas veces, ratificados por la Corte Suprema.

En ese marco, es algo muy importante comprender qué características tienen estas acciones legales y cuáles pueden ser las implicancias de sus fallos y procesos de conciliación. Repasemos de manera sintética las características principales de cada uno:

 

La Tutela Laboral es un procedimiento nuevo y especial, introducido por la ley 20.087 a nuestro Código del Trabajo, con el objeto específico de proteger los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. La tutela laboral permite al trabajador reclamar el resguardo y la protección de sus derechos fundamentales en el ámbito laboral, cuando aquellos se vean lesionados por el ejercicio de las facultades del empleador. Esta figura legal hoy se aplica tanto a personal a contrata como a honorarios y tiene un plazo de 90 días hábiles.

A nivel operativo, se trata de un juicio laboral que se inicia con una demanda contra el Estado en el juzgado laboral respectivo y se solicita la reincorporación o en subsidio una indemnización monetaria para el afectado o afectada. De este modo, dada la condición de demanda laboral, se permite establecer acuerdos compensatorios en dinero entre el trabajador(a) demandante y el Fisco, representado por el Consejo de Defensa del Estado.

 

Por su parte, el Recurso de Protección es una acción legal que apela al artículo 20° de la Constitución Política. Se presenta ante la Corte de Apelaciones correspondiente, solicitando que restablezca el imperio del Derecho y se garantice la debida protección del afectado(a). Así, cuando se considera que existe arbitrariedad y vulneración de derecho con ocasión del despido, es posible recurrir en 30 días ante dicha Corte. Por medio de esta acción es posible obtener el reintegro y no considera negociación entre las partes.

 

Es interesante reflexionar sobre estas figuras, ya que la defensa de derechos de los y las funcionarias se ha hecho posible gracias a la contundencia de los argumentos presentados ante las cortes por trabajadores y organizaciones sindicales, y no provienen del reconocimiento legal de los derechos laborales de los trabajadores del sector público. Es decir, desde el retorno de la “democracia” ningún gobierno ha tenido la disposición real de avanzar en la discusión respecto a la precariedad contractual del empleo público.

 

Ante la ausencia de una respuesta estatal frente al agotamiento de la legislación y del modelo de las relaciones laborales del país, las acciones legales antes señaladas han adquirido relevancia, vigencia y masividad. FENAMINSA ha buscado facilitar el acceso a defensa legal de sus asociados y asociadas, implementando desde mayo de 2018 un dispositivo de defensa jurídica el cual se mantiene disponible para todos las y los socios de FENAMINSA y cuyo proceso está disponible en https://www.fenaminsa.cl/defensajuridica para ser descargado.

 

Finalmente, es importante hacer un llamado a informarse y a reflexionar respecto de la situación del empleo público, siendo un factor clave para entender el desarrollo de las políticas públicas y por tanto del país. El Estado es el mayor empleador del país, y por lo tanto, la configuración de las relaciones laborales del empleo estatal definen la fisonomía del empleo de la nación. Del mismo modo, es fundamental que las asociaciones de funcionarios y funcionarias sean vehículos para profundizar la reflexión y generar propuestas que permitan mejorar las condiciones del empleo en el país.

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