Gestión y Desarrollo de Personas y Participación Funcionaria

Los días 10 de noviembre de 2017 y 22 de marzo de 2018 se publicaron en el Diario Oficial las Resoluciones N°1 y N°2 del Servicio Civil. En ellas se establecen normas de aplicación general en materia de Gestión y Desarrollo de Personas y Participación Funcionaria a todos los servicios públicos. Ello conforme la facultad establecida en el artículo 2°, letra q), de la ley orgánica de la dirección nacional del servicio civil, contenida en el artículo vigésimo sexto de la ley n° 19.882

 

La Resolución N°1 establece  normas de aplicación general en los siguientes temas:

a) Estructura y Estándares de las Áreas de Gestión y Desarrollo de Personas.

b) Políticas de Gestión y Desarrollo de Personas.

c) Cumplimiento de Estándares en Procesos de Reclutamiento y Selección.

d) Concursabilidad y Carrera Funcionaria.

e) Cumplimiento de Estándares en Programas de Inducción.

f) Gestión de Prácticas Profesionales.

g) Ambientes Laborales y Calidad de Vida Laboral.

 

Uno de los aspectos relevantes de esta resolución está en la letra d) referida a concursabilidad y carrera funcionaria, ya que establece la obligatoriedad de seguir el procedimiento establecido, que implica considerar los siguientes aspectos:

  • Uso de perfil de cargo

  • Uso de pautas de selección

  • Existencia de comisión de selección

  • Establecer garantías de transparencia y objetividad

  • Asegurar una amplia difusión de la convocatoria,

  • Notificación oportuna de los resultados del proceso a participantes no seleccionados.

  • Existencia de actas y archivos de información para consultas de los participantes.

 

De acuerdo a lo que FENAMINSA ha observado en el Ministerio del Interior, estas normas no se han respetado en las Subsecretarías y las nuevas contrataciones han respondido a decisiones de la autoridad. La vía para no respetar las normas ha sido la firma de una Resolución Exenta que dispone no aplicar el procedimiento establecido, argumentando lo demoroso que resultaría este trámite y por la premura que se tiene en contratar personal calificado para poder implementar el Programa de Gobierno. Estas Resoluciones no son posibles de encontrar en los sitios de Gobierno Transparente y tampoco han pasado por la Contraloría General de la República.

Para dictar estas resoluciones, las Subsecretarías acuden al artículo 14 de la Resolución del Servicio Civil; Esta señala que “el proceso de reclutamiento y selección señalado en el artículo anterior, será aplicado a los ingresos de personas que se incorporen al servicio en calidad jurídica de contrata o código del trabajo, salvo que la autoridad, por resolución fundada, resuelva no aplicarlo, informando de ello a la dirección nacional del servicio civil.”

Es opinión de esta federación que la norma establecida por el Servicio Civil tiene carácter obligatorio y general, dado su rol rector en estas materias. De acuerdo a lo anterior, la excepción establecida en artículo 14 debe entenderse restrictivamente; Es decir, debe usarse cada vez que se va a producir una contratación, argumentándose exactamente la razón de por qué en ese caso específico, no es posible utilizar el procedimiento. De otra manera, las facultades del Servicio Civil se transforman en letra muerta.

Consideramos que es deber de las Asociaciones de Funcionarios y de esta Federación, el reclamar sobre esta materia.

 

La Resolución N°2 aprueba normas de aplicación general en:

  • Materias de participación funcionaria.

  • Cumplimiento de estándares en formación y capacitación de funcionarios públicos

  • Rol de jefaturas en dirección de equipos

  • Gestión del desempeño individual y sistema de calificaciones

 

Uno de los aspectos relevantes de la Resolución es lo referido a la Participación Funcionaria, materia en la que se establecen las siguientes obligaciones:

 

  • Los Servicios Públicos deberán asegurar la participación de los funcionarios y/o sus representantes, en el diagnóstico, planificación y seguimiento de temas relativos a gestión y desarrollo de personas, para lo cual deben definir los criterios, modalidades y mecanismos que utilizarán. También podrán incorporar otras materias, según lo determinen los propios servicios y sus necesidades de desarrollo. La Dirección Nacional del Servicio Civil definirá un formato básico para la elaboración de las respectivas agendas o planes de trabajo.

 

  • Los Servicios Públicos deberán enviar, en el mes de marzo de cada año, a la Dirección Nacional del Servicio Civil, la agenda o plan de trabajo anual o plurianual, y reportar el estado de avance correspondiente al período anterior, de acuerdo a formato establecido por esta institución

 

  • Los Servicios Públicos deberán formalizar los criterios, modalidades y mecanismos definidos en el artículo anterior, en una agenda o plan de trabajo anual o plurianual con los funcionarios y/o representantes de las Asociaciones de Funcionarios, que permita asegurar la participación.

 

  • Los Servicios Públicos deberán enviar, en el mes de marzo de cada año, a la Dirección Nacional del Servicio Civil, la agenda o plan de trabajo anual o plurianual, y reportar el estado de avance correspondiente al período anterior, de acuerdo a formato establecido por esta institución.

 

  • Los Servicios Públicos deberán definir la forma específica como se coordinará la relación con los funcionarios y/o con sus representantes, y la manera de asegurar el seguimiento y desarrollo de la agenda o plan de trabajo anual o plurianual definido, así como los compromisos derivados del mismo, considerando siempre lo señalado en el inciso final del artículo 4º de este mismo cuerpo normativo.

 

  • Cada Servicio Público será responsable de definir el alcance de la participación funcionaria a implementar, entendiendo que la participación debe considerar a los funcionarios y sus asociaciones, en acciones conducentes al mejoramiento de la gestión y desempeño tanto institucional como de las personas.

 

  • El alcance de la participación funcionaria podrá ser de carácter informativo, consultivo y/o propositivo, y los mecanismos de participación que se definan, deberán resguardar la adecuada representación de la Dirección del Servicio, de los funcionarios y/o de los representantes de sus respectivas Asociaciones de Funcionarios.

 

  • Los Servicios Públicos deben asegurar el cumplimiento de todas las normas existentes que reconocen participación de los funcionarios y sus Asociaciones de Funcionarios, así como también propiciar la participación en otras materias que sean de interés institucional; entre otras, la elaboración y aplicación de códigos de ética sobre conducta funcionaria y/o evaluación del estado de los ambientes laborales y sus planes de intervención.

 

  • Los Servicios Públicos deberán realizar acciones de formación y/o capacitación a sus directivos y jefaturas, respecto a las normas relativas a los derechos de las Asociaciones de Funcionarios y las distintas instancias en las que tienen presencia y/o participación en la gestión institucional, así como en torno a habilidades, destrezas y conocimientos habilitantes que permitan un adecuado desarrollo de la participación funcionaria.

 

  • Los contenidos referidos a las normas relativas a las Asociaciones de Funcionarios, también deben ser incorporados en los programas o acciones de inducción para directivos y jefaturas. Cada servicio, en la medida que lo estime, podrá extender las acciones de formación y/o capacitación señaladas en los incisos anteriores, al conjunto o parte de los funcionarios del servicio.

 

  • A objeto de facilitar y potenciar la participación de los representantes de los funcionarios en las diversas instancias de trabajo, y específicamente en materias de gestión y desarrollo de personas, la Dirección Nacional del Servicio Civil dispondrá o coordinará acciones de formación y capacitación que contribuyan a fortalecer los aportes que los funcionarios y funcionarias realizan para el cumplimiento de la función pública.

 

Como se puede apreciar, estas materias son obligatorias para Subsecretarías y Servicios. Consideramos que es deber de las Asociaciones de Funcionarios y de esta Federación, el exigir el cumplimiento de estas materias.

 

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