Desde el día 12 de marzo en adelante, la Gobernadora de Cachapoal Sra. Ivonne Mangelsdorff inicia su gestión en el Servicio acompañada de tres “Asesores”: Diego Acevedo Marambio, Oscar Lantadilla y Marcelo Brunet Bruce, quienes comienzan a sostener contacto con cada uno de los funcionarios y funcionarias de la Gobernación, solicitando información respecto a las tareas desempeñadas y características particulares sobre el ingreso de los mismos al servicio (año de ingreso, vinculación política, entre otra información relevante para ellos). Sin que medie presentación alguna, ni dar a conocer cuál es el objetivo de las entrevistas.

 

Al finalizar el mes de marzo, la autoridad provincial contaba con ocho “asesores”, los tres mencionados en el punto anterior, más los profesionales Felipe Bobadilla, Milena Acevedo Drogett, Jenny Villanueva, Sebastián Gacitúa López y Ángela Valderrama. Trabajadores que hasta el día de hoy asisten regularmente al Servicio, reciben inducción de parte de algunos funcionarios (por indicación de la Gobernadora) y solicitan permanentemente información del servicio, sin indicar cuál es la función que realizan, ni la relación contractual existente con el servicio.

 

Dos de los ocho asesores existentes, son presentados a dos funcionarios a contrata como “su apoyo” para la Unidad de Riesgo y Emergencia y la Unidad de Seguridad Pública respectivamente. A los funcionarios titulares se les pidió que les realizaran una inducción. Cabe mencionar que estas personas comenzaron a desarrollar actividades propias del cargo de los funcionarios titulares y a representar a la Gobernadora o al servicio ante otros servicios y espacios públicos, todo ello sin contar con la categoría de funcionarios públicos ni asesores contratados.

 

La Gobernadora tras una semana de ejercicio de su cargo, le solicita la renuncia a la encargada de comunicaciones de la Gobernación Provincial aludiendo que no era de “su confianza”. La funcionaria, amparada en su contrato y profesionalismo no entregó su renuncia. Una vez sucedido este hecho, la funcionaria fue restada de tareas propias de su cargo, le fueron solicitadas claves propias del ejercicio de sus tareas y según señala, también fue víctima de episodios de maltrato de parte de la autoridad provincial. Luego el día 16 de abril del presente es notificada de su despido señalando que las razones para terminar anticipadamente su contrata se establecen en un oficio reservado, lo que vulnera lo establecido por la Contraloría General de la República relativo a que se requiere una razón que funde la decisión de anticipar el término de la contrata, en el mismo acto administrativo se señala que la funcionaria “incumplió gravemente las instrucciones dadas por la superioridad” situación que no está respaldada por ninguna acción de la autoridad ya sea anotación de demérito o proceso disciplinario. Es decir, se imputan acusaciones infundadas a una profesional por parte de la autoridad del Servicio y se le despide de manera arbitraria e injusta. Producto de todo aquello actualmente la funcionaria se encuentra con licencia médica por salud mental. Cabe mencionar que las labores propias del cargo de comunicaciones, desde hace un tiempo las está realizando Milena Acevedo Drogett, profesional que no cuenta con vinculo contractual con el servicio desempeñando de manera irregular la función.

 

 

En dicho tenor, el mismo día lunes 16 de abril se notifica el despido a la encargada de la oficina de partes y a una profesional de la unidad de migraciones de la Gobernación, se señala que no son idóneas para los cargos que han desempeñado por más de 4 y 12 años respectivamente, la razón que el jefe de servicio esgrime dicen relación con la presentación de un informe que la autoridad consideró deficiente. Esta vulneración flagrante no tiene otro objeto que generar espacio para el arribo de personal de la confianza de la autoridad, descartando los servicios altamente profesionales de ambas funcionarias quienes son de carrera.

Producto de la alta demanda existente en el Servicio por atención para Migrantes, se ha solicitado un esfuerzo sobrehumano de parte de los funcionarios tanto del Departamento de Extranjería, como de otros departamentos o programas que apoyan en esta tarea. Cabe señalar que la mayoría de los funcionarios y funcionarias de la Gobernación Provincial además de las labores para las que fueron contratados prestan servicios de apoyo a la gestión de extranjería con el ánimo de brindar un mejor servicio a la población migrante. Dichos trabajos que no están siendo planificados en observancia de los derechos que cada trabajador tiene y la prioridad en la entrega de un buen servicio, lo que implica que se haya normalizado el trabajo fuera de la jornada laboral sin remuneración asociada. Además los funcionarios y funcionarias han debido trasladarse de dependencia abruptamente, dado que la autoridad provincial ha definido atender a las personas que solicitan trámites en la unidad de extranjería al Gimnasio Hermógenes Lizana sin que se cuente con conexión de internet, acceso a la plataforma de gestión de permisos migratorios “B3000”, ni con los medios tecnológicos mínimos necesarios para una eficiente respuesta las solicitudes, además no se respeta el horario de almuerzo, se le anticipa su horario de ingreso y se les retrasa el término de la jornada laboral.

Adicionalmente es importante señalar que la Gobernación de Cachapoal tiene bajo su administración tres programas sociales pertenecientes a diferentes servicios:

  • Senama, Condominios de Viviendas Tuteladas, con tres trabajadores.

  • Sename, Oficina de Protección de Derechos, consiete trabajadores.

  • Desarrollo Social, con dos trabajadores.

 

De ellos, 10 funcionarios, a la fecha no cuentan con honorarios cancelados, solo se les ha pagado el mes de enero, siendo que los fondos estarían disponibles para su pago y los funcionarios han cumplido con las responsabilidades para las cuales fueron contratados.

 

Estas acciones alejadas de toda visión de servicio público y respeto por la institucionalidad, a juicio de la Federación no tienen otro objeto que amedrentar a los funcionarios y funcionarias, generando un ambiente y clima laboral de absoluta desconfianza y temor, que nada aportan a la implementación de la política pública y la entrega de un buen servicio a la ciudadanía. Finalmente, esta Federación perseguirá las responsabilidades que existiesen y desplegará las acciones legales correspondientes a estas situaciones, en defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la Gobernación Provincial Cachapoal y del Ministerio en general.

 

Directorio Ejecutivo FENAMINSA